Excelente película que lleva a reflexionar acerca de sucesos ocurridos en otros países (Chile, en particular), y cómo se logró judicializarlos. También invita a pensar en la figura del “héroe”. ¿Puede serlo el que sólo hace su trabajo como corresponde o la sociedad está tan podrida que la mayoría prefiere cerrar los ojos invitando a olvidar?…

Por José Blanco Jiménez
(JOBLAR)

Círculo de Críticos de Arte de Chile

Una vocera de la Corte Suprema de Chile declaró hace poco: “Sin administración de justicia, no hay ninguna posibilidad de que haya un Estado democrático y un Estado de Derecho”.
Santas palabras de una integrante de un Poder Judicial que se negó a acoger recursos de amparo y que un ministro encargado de investigar las violaciones a los Derechos Humanos no tuvo inconveniente en afirmar: “Me tienen curco con los detenidos desaparecidos”.

La película de Santiago Mitre (nacido en Buenos Aires, el 4 de diciembre de 1980), se refiere a los hechos acaecidos en Argentina durante el “Proceso de Reorganización Nacional” entre 1976 y 1983, su judicialización y las sentencias correspondientes.

A pesar de que el decurso y los resultados de este juicio histórico son vastamente conocidos, el relato de la película está presentado con mucho suspenso. Al punto que el espectador piensa que puede haber un vuelco por las constantes amenazas que se ciernen sobre los miembros de la fiscalía. O por la actitud de los jueces, que no parecen muy convencidos de la labor que deben ejecutar.

De hecho, Julio Strassera aparece como el único fiscal que debe hacerse cargo del juicio y, como ser humano que es, tiene miedo de involucrarse más por su familia que por él. Le ponen un fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo, cuya madre va a misa junto con el teniente general Jorge Rafael Videla. Éste último, que los chilenos recuerdan porque estuvo a punto de declarar la guerra invadiendo las islas del Canal Beagle, fue condenado a prisión perpetua, pero habría de indultarlo el Presidente Carlos Saúl Menem. La aventura bélica habría de llevarla a cabo otro de los acusados, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, invadiendo las Islas Malvinas, pero ése es otro cuento.

Era un gran problema formar un equipo de trabajo, porque la policía y los procuradores judiciales estuvieron coludidos con la dictadura. En una conversación con un amigo, queda claro que están rodeados de “fachos”. Será el fiscal adjunto el que encontrará la solución: incorporar a abogados jóvenes, que recién forman parte del Poder Judicial. Él mismo declara en un programa de televisión, en el que quieren colgarle que odia a los militares, que es descendiente de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, primer general de la Guerra de Independencia, y que no puede odiarlos. Pero tampoco puede aceptar que se quebrante la justicia.

Creo que un punto muy interesante de la película es el calificativo de “héroe” que da la ciudadanía a Strassera. Para ser ecuánimes, no hizo más que su trabajo. Pero bajo amenaza constante, con el peligro de otro golpe de Estado, contra la corriente de la impunidad que —como le recuerdan en un momento—, gusta también a la clase media.

Pero los testimonios son demasiado contundentes y las sesiones son abiertas: todos escuchan las acciones terribles que se cometieron contra personas indefensas. La explicación suena a cosa conocida: “Los excesos fueron el producto de una guerra, que impidió una masacre provocada por los terroristas”. O sea, las víctimas pasan a ser victimarios. El fiscal dictamina: “No se puede aceptar el sadismo”.

Y no existe la excusa de “yo obedecía órdenes”. Se juzga a los que daban las órdenes. La Fuerza Aérea trata de salir incólume, pero también colaboró para hacer desaparecer a los asesinados.
Al final, aunque no fue fácil, la verdad pudo más y hubo condenas.

En Chile, en cambio, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como “Comisión Rettig”), examinó 3.920 casos de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.

El 4 de marzo de 1991, el Presidente Patricio Aylwin Azócar pidió perdón a los familiares de las víctimas. Hasta allí llegó su prometida justicia “en la medida de lo posible”.

Años más tarde, hubo un nuevo informe, esta vez de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, denominada “Comisión Valech”, que reconoció un total de 40.018 víctimas, 3.065 de ellas muertas o desaparecidas. Esta vez fue recibida por el Presidente Ricardo Lagos Escobar, que el 28 de noviembre de 2004, aparentemente conmovido, determinó que esos datos permanecerían secretos por 50 años.

Volviendo a la película, es obvio que no puede dejar de suscitar polémica no sólo en Argentina, sino en todos los países del mundo donde se siguen cometiendo tropelías.
No puedo dejar de agregar, porque es también mi deber, que la realización de la película es impecable: la fotografía (incisiva y reveladora), la dirección artística (detalles como los teléfonos o el equipo de música, o el televisor, además del vestuario), y —sobre todo—, las actuaciones.

Ricardo Darín está espectacular como Julio Strassera, y Peter Lanzani como Luis Moreno Ocampo.

Asimismo, son destacables las actuaciones del reparto secundario, como el niño Santiago Armas Estevarena (que encarna a Javier Strassera), y la actriz Laura Paredes (foto), que da vida a una sobreviviente a torturas espantosas.
El proceso fue definido como el Nuremberg argentino, sólo que en el juicio en Alemania no hubo amenazas, seguimientos y bombas de advertencia.

Si no quiere verla, porque es una película política, puede rechazarla, pero no tapar el sol con un dedo.
(“Argentina 1985”. Argentina, 2022)

TRAILER DEL FILM:
“Argentina 1985”

 

PRODUCCIÓN:
Amazon Prime Video LATAM

 

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